La Unión Europea tiene directrices muy claras sobre cómo reciclar componentes electrónicos. Desgraciadamente, un nuevo informe acaba de demostrar que hay un trecho muy largo entre la teoría y la práctica. El 65% de los dispositivos que llevamos a reciclar nunca llegan a su destino.
El informe ha sido elaborado por Naciones Unidas con la ayuda de la Interpol, y la Asociación Europea para el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos (Waste of Electrical and Electronic Equipment Forum o WEE Forum). El panorama que revela el estudio es verdaderamente feo. En 2012, que es el año tomado como referencia, los 28 estados que forman la Unión Europea (más Noruega y Suiza) generaron una media de 9,45 millones de toneladas de basura electrónica. Sin embargo, solo 3,3 millones de toneladas (el 35%) se documentaron y reciclaron correctamente.
¿Qué ocurre con el resto? La mayoría se roba y se vende ilegalmente, o peor, acaba directamente en la basura. El estudio calcula que 750.000 toneladas de basura electrónica (entre uno y dos kilos por habitante y año) acaban en el cubo de desperdicios convencional pese a tener materiales que pueden reciclarse y, en ocasiones, sustancias contaminantes. La mayor parte de estas 750.000 toneladas son pequeños objetos que se pueden tirar fácilmente.
2,2 millones de toneladas consisten en su mayor parte en chatarra metálica proveniente de lavadoras o frigoríficos. Estos restos se procesan de manera independiente y sin cumplir con la normativa de reciclaje europea.
Quedan 3,2 millones de toneladas. Más o menos la mitad de esa cifra (1,7 millones) se procesa de manera irregular y sin documentar dentro de la propia Unión Europea. El resto se exporta también en el límite de la legalidad a otros países, bien en forma de componentes funcionales, o como chatarra.
Naciones Unidas calcula que solo los componentes electrónicos que se roban y acaban en el mercado negro suponen una pérdida de hasta 1.700 millones de euros cada año para las arcas de la Unión Europea. Las malas prácticas de reciclaje de los ciudadanos cuestan entre 300 y 600 millones de euros anuales. El informe baraja distintas soluciones para atajar este problema. Entre ellas está prohibir los pagos en efectivo en las transacciones de basura electrónica. También se baraja el poner en marcha nuevas campañas de concienciación entre la ciudadanía e incluso aplicar sanciones a los que incumplan la normativa de reciclaje. [Naciones Unidas vía New Scientist]
Fotos: AP Images
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